Preconcurso de acreedores

– La reforma de la Ley Concursal (Ley 38/2011, de 10 de octubre) posibilita que el deudor pueda suspender su obligación de solicitar concurso voluntario durante un plazo máximo de cuatro meses.

– Es posible desarrollar, bajo vigilancia judicial, una fase preparatoria de negociación de la propuesta de convenio anticipado, que también podrá ser utilizada como:

• Periodo en el que actuar para preparar la declaración de concurso.
• Para alcanzar un pacto de refinanciación que evite el proceso concursal.

– El deudor en dificultades puede no presentar la solicitud de declaración de concurso si cumple determinados requisitos:

• Haber iniciado negociaciones para  refinanciar su deuda
• Obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y,
• Dentro del plazo de dos meses, ponerlo en conocimiento del juzgado competente.

-Una vez presentada la comunicación al juzgado, el deudor dispone de un plazo de tres meses para:

• Negociar posibles convenios.
• Suspender de la posibilidad de que los acreedores insten concurso necesario.
• Impedir que sean proveídas las demandas interpuestas con posterioridad a la notificación que abrió la fase preconcursal.
• Abierta la fase de negociación previa al concurso, queda el deudor blindado ante cualquier solicitud de concurso necesario.

– La fecha de presentación de la solicitud de concurso voluntario será la de la comunicación al Juzgado, siempre y cuando:

• El deudor haya cumplido los plazos de presentación de la mencionada solicitud.
• No hayan transcurrido cuatro meses desde la notificación.

– El Preconcurso requiere que se hayan efectuado por el deudor, los siguientes actos:

• Comunicación formal de que se están iniciando negociaciones con los acreedores.
• Se cumplan los deberes de las partes que negocian el acuerdo y,
• Se homologue judicialmente tal acuerdo, que dentro de ciertos límites, se extiende a los acreedores disidentes.

– Efectos del preconcurso:
La liquidación de los activos del concursado no se retrase en el tiempo

• No se minore el valor de sus bienes.
• Se simplifica y agiliza el procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación.
• Se mejora  la protección de los trabajadores afectados regulando la suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales para evitar conflictos con la jurisdicción social y con la autoridad laboral.